Consejo de Estado suspendió decreto que aumentaba retenciones al sector productivo
Foto: Fenalcarbón
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Uno de los renglones que celebró la medida fue la Federación Colombiana del Carbón, Fenalcarbón.
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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de varios artículos del decreto que incrementaba las tarifas de retención y autorretención en la fuente para distintos sectores productivos del país, al considerar que el Gobierno Nacional no presentó una justificación técnica suficiente para sustentar la medida.
La decisión judicial cobija los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025 y fue adoptada tras concluir que no existieron estudios técnicos adecuados ni una motivación suficiente para respaldar el incremento tributario, que había generado preocupación entre diferentes industrias.
Uno de los sectores que celebró la medida fue la Federación Colombiana del Carbón, Fenalcarbón, que había advertido sobre el impacto financiero que el decreto tendría en la industria de los carbones y el coque.
En particular, el alto tribunal estudió el artículo octavo del decreto, cuya suspensión fue solicitada por el gremio carbonero. Según la providencia, las nuevas tarifas, sumadas a otras retenciones aplicables al sector, superaban el límite legal del 4,5 % establecido en el Estatuto Tributario.
De acuerdo con Carlos Cante, la medida representaba un riesgo para la liquidez, sostenibilidad y operación de cientos de empresas productoras de carbón y coque, especialmente de pequeña y mediana minería.
“El decreto ponía en riesgo la liquidez y sostenibilidad de cientos de empresas del sector. Valoramos que el Consejo de Estado haya reconocido la necesidad de sustentar técnicamente medidas que impactan de forma profunda al aparato productivo nacional”, señaló el dirigente gremial.
Con esta suspensión provisional, vuelven a aplicarse las tarifas, bases y condiciones de retención y autorretención vigentes antes de la expedición del Decreto 572 de 2025.
Desde Fenalcarbón insistieron en la necesidad de construir políticas tributarias con criterios técnicos, diálogo institucional y seguridad jurídica.
Fuente: BR Prensa
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